La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), responsable de la administración de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), han formalizado un acuerdo de colaboración con el objetivo de asegurar precios equitativos en los productos básicos ofrecidos a las personas privadas de la libertad. La iniciativa responde a la problemática detectada en los Ceferesos, donde pequeñas fluctuaciones en los precios de artículos esenciales pueden representar una barrera económica significativa para los internos, limitando su acceso a dichos bienes.
El convenio, firmado el martes 20 de mayo, se centra en la aplicación del programa “Quién es Quién en los Precios”, una herramienta de la Profeco que proporciona información comparativa de precios para orientar a los proveedores en la fijación de tarifas justas. Este mecanismo busca mitigar la especulación y garantizar que los precios dentro de los Ceferesos sean razonables, tomando en consideración la situación de vulnerabilidad económica de la población penitenciaria. La formalización del acuerdo contó con la participación de los titulares del OADPRS y la Profeco, así como de la representación legal de la empresa proveedora, y se originó como respuesta a la recomendación 078/2022 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La colaboración entre la Profeco y el OADPRS no es un hecho aislado. Ambas instituciones ya habían establecido un acuerdo previo en junio de 2018 con el fin de desarrollar acciones conjuntas para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad en su rol de consumidores. La CNDH, en abril de 2022, documentó denuncias sobre sobreprecios en los Ceferesos, lo que motivó la emisión de la recomendación que insta a la Profeco a realizar verificaciones más exhaustivas para controlar los precios.
Con la renovación de este convenio, las autoridades buscan dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH y reforzar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Se espera que la medida contribuya a mejorar las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios, reconociendo que, a pesar de las circunstancias, los internos también son consumidores con derechos.
Según datos recientes, la población penitenciaria en Oaxaca asciende a aproximadamente 3,924 personas privadas de la libertad. La implementación de este convenio se considera un avance significativo para garantizar un trato justo y equitativo a esta población, al asegurar que tengan acceso a productos básicos a precios razonables.
