Una asamblea comunitaria celebrada en Zapotitlán Palmas, Oaxaca, este fin de semana, resolvió la remoción del cabildo municipal, liderado por la presidenta Inés Martínez Reyes. La decisión, tomada por una amplia mayoría de los asistentes (35 votos a favor y 5 en contra), implica la disolución de los poderes municipales y la designación, por parte del Congreso del Estado, de un comisionado que temporalmente asumirá la administración pública local.
Las razones expuestas por el Comité Ciudadano, responsable de la convocatoria a la asamblea, se centran en presuntas irregularidades financieras cometidas durante la gestión de Martínez Reyes. En este sentido, se ha anunciado la solicitud formal de una auditoría exhaustiva para examinar el manejo de los recursos públicos por parte de la administración saliente. La comunidad mantiene el control del palacio municipal, tomado desde hace más de un año, y condiciona su liberación a la realización de dicha auditoría.
Ante el incremento de la inseguridad en el municipio, situación que se agudizó tras la interrupción del suministro eléctrico en la zona central, los habitantes han organizado rondas de vigilancia comunitaria. Esta medida busca contrarrestar la ola de robos, incluyendo el reciente incidente en la tienda comunitaria de la Conasupo, aprovechando la falta de iluminación.
Asimismo, el Comité Ciudadano informó sobre la convocatoria a elecciones comunitarias, programadas para octubre, con el objetivo de elegir a las nuevas autoridades municipales bajo el sistema de usos y costumbres. Se espera que la persona electa tome posesión del cargo en enero de 2026. Mientras tanto, la comunidad implementará acciones temporales para abordar las necesidades más urgentes del municipio. Zapotitlán Palmas, ubicado en la región Mixteca, cuenta con una población de aproximadamente 1,500 habitantes y se rige por el sistema normativo interno, común en numerosos municipios de Oaxaca.
La comunidad espera que la designación del comisionado estatal y la posterior elección de nuevas autoridades contribuyan a restablecer la gobernabilidad y a reactivar los servicios básicos, actualmente afectados por la situación administrativa y la escasez de recursos. El proceso busca una solución a la problemática que enfrenta el municipio, permitiendo la recuperación de la normalidad en la vida comunitaria.
