Datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que Oaxaca ha experimentado una variación en su posición a nivel nacional en términos de incidencia delictiva. La entidad pasó del octavo al quinto lugar, aunque las cifras oficiales muestran una reducción global del 13.03% en la comisión de delitos entre enero de 2022 y diciembre de 2024. Esta disminución se traduce en aproximadamente 5,650 denuncias menos durante el período analizado. El Fiscal General del estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, destacó que esta tendencia a la baja se mantiene en los primeros meses de 2025, con una reducción del 22.86% entre enero y mayo, comparando 16,595 denuncias en 2024 con 12,801 en el mismo período de 2025.
Rodríguez Alamilla también proporcionó información sobre la distribución de homicidios dolosos a nivel nacional. Siete estados – Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Guerrero – concentran el 54% de estos delitos. Oaxaca, por su parte, ocupa el lugar número 17, representando el 2.5% del total. Según el fiscal, al inicio de la presente administración, Oaxaca se ubicaba en el lugar 11 en este indicador, lo que sugiere una mejora en el control de homicidios dolosos. El funcionario enfatizó la importancia de este delito como indicador clave de la efectividad de las estrategias de seguridad, argumentando que una disminución en otros delitos no es suficiente si los homicidios dolosos siguen aumentando.
El fiscal general atribuyó la reducción en la incidencia delictiva a diversas acciones implementadas, incluyendo la detención de más de 200 “objetivos prioritarios” en diferentes regiones del estado, como el Istmo, la Costa, la Cuenca, Valles Centrales y la Mixteca. Además, se realizaron más de 1,000 cateos, lo que representa un aumento del 42% en comparación con el promedio mensual de la administración anterior. Rodríguez Alamilla mencionó que estas acciones son resultado de la mejora en las condiciones laborales de los elementos de seguridad, incluyendo el aumento de salarios, así como una mejor coordinación y planeación en el combate a la delincuencia.
La coordinación interinstitucional, según Rodríguez Alamilla, ha sido fundamental. Destacó la colaboración entre la fiscalía, la policía estatal y las autoridades federales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar). Asimismo, resaltó la participación conjunta de diversas áreas dentro de la policía estatal, como la vial y la auxiliar. El fiscal general también mencionó la implementación de procesos internos para mejorar la eficiencia de las corporaciones, incluyendo la creación de áreas especializadas y el impulso de reformas legislativas para fortalecer tanto la policía estatal como la fiscalía.
Finalmente, Rodríguez Alamilla se refirió a la gestión de las carpetas de investigación. Señaló que aproximadamente el 50% de las casi 40,000 carpetas que se abren anualmente se concentran en seis delitos considerados “menores” en términos de su interés jurídico protegido. Para agilizar la resolución de estos casos, se están implementando mecanismos alternativos de resolución de controversias, lo que permite resolver los casos de manera más rápida y eficiente, reduciendo los tiempos de espera que a veces superan el año. El fiscal general concluyó afirmando que estos procesos más expeditos contribuyen a mejorar la percepción ciudadana sobre la procuración y administración de justicia.
