El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) organizó una conferencia magistral sobre la interacción entre la libertad de expresión y la violencia política de género contra las mujeres en el ámbito político. La magistrada electa Roselia Bustillo Marín, de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), enfatizó la necesidad de abordar la violencia política de género con rigor analítico para prevenir su banalización. Durante su participación, junto con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña del TEPJF, Bustillo Marín advirtió sobre el riesgo de sobredimensionar incidentes como violencia política de género, lo que podría interpretarse como una subestimación de la capacidad política femenina.
Los datos proporcionados por la magistrada presidenta del TEEO, Sandra Pérez Cruz, revelan la magnitud del problema en el estado. De enero a junio del presente año, el TEEO recibió 224 recursos de impugnación, de los cuales 36 correspondían a casos de violencia política de género, representando un 16% del total. Un análisis más profundo de estos 36 juicios revela que en 21 de ellos (58%) las denuncias se referían a actos de violencia cometidos durante el ejercicio del cargo. Esta información apunta a una tendencia persistente en la que la violencia política de género afecta principalmente a mujeres que ya ocupan cargos públicos.
El magistrado De la Mata Pizaña ofreció una retrospectiva de las sentencias y casos revisados por el TEPJF durante los últimos 14 años. Destacó que las sanciones relacionadas con la violencia de género se han desarrollado gradualmente, inicialmente a través de la jurisprudencia y posteriormente mediante la legislación. Tanto Bustillo Marín como De la Mata Pizaña coincidieron en la importancia de analizar cuidadosamente la línea divisoria entre la violencia política de género y la libertad de expresión, considerando el marco legal y el contexto específico de cada situación.
Bustillo Marín subrayó que ninguna expresión puede justificarse si atenta contra el desarrollo libre de las mujeres en la vida pública. Sin embargo, planteó interrogantes sobre cómo evitar el uso de estereotipos de género en el debate político sin restringir indebidamente la libertad de expresión. La magistrada cuestionó la conveniencia de establecer límites demasiado estrictos en la ley sobre qué tipo de expresiones están permitidas o prohibidas, argumentando que tales restricciones podrían ser contraproducentes.
Finalmente, Bustillo Marín propuso la posibilidad de definir un marco general, sin caer en prohibiciones absolutas, que establezca los tipos de conductas que el tribunal ya ha considerado como violencia de género. Sugirió que esta definición podría ser objeto de debate y aplicarse de manera general, sin carácter restrictivo, con el objetivo de evitar la trivialización del concepto de violencia política de género. La discusión promovida por estos expertos busca equilibrar la protección de las mujeres en la política con la garantía de la libertad de expresión, elementos fundamentales para un debate público robusto y una democracia saludable.
