Autoridades de Oaxaca investigan un presunto caso de cohabitación forzada que involucra a una adolescente de 16 años en la localidad de Bajos de Chila. La investigación se inició tras una denuncia pública realizada a través de redes sociales, donde se alertaba sobre la situación de la menor. La Fiscalía General del Estado ha tomado cartas en el asunto,tipificando el hecho como cohabitación forzada, delito que, de acuerdo con el Código Penal local, puede acarrear penas de hasta 15 años de prisión. La modificación del Código Penal, vigente desde febrero de 2024, busca proteger a los menores de edad de uniones no consentidas y combatir el matrimonio infantil, una problemática persistente en diversas regiones de México.
La denuncia fue crucial para activar los mecanismos de protección a la menor. La madre de la adolescente, tras percatarse de la situación, recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda, lo que generó una respuesta inmediata por parte de la ciudadanía. Diversos usuarios de internet compartieron la información y la canalizaron a las instituciones pertinentes, permitiendo que las autoridades tomaran contacto con la familia y brindaran el apoyo necesario. La colaboración entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales se considera fundamental para abordar este tipo de casos, donde la vulnerabilidad de las víctimas es extrema.
Organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación ante la persistencia de los matrimonios infantiles en Oaxaca, a pesar de las leyes que los prohíben. El Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) ha señalado que, si bien reconocen la intervención de las autoridades en este caso, las acciones implementadas hasta el momento son insuficientes para erradicar la problemática. La organización insta a una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, las comunidades, la sociedad civil y los medios de comunicación para prevenir estos casos, evitar la revictimización de las afectadas y garantizar entornos seguros para la infancia y la adolescencia. GESMujer enfatiza la necesidad de implementar programas y acciones concretas que aseguren infancias dignas, libres y autónomas, combatiendo la normalización de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA) está brindando acompañamiento a la madre de la menor, garantizando el acceso a asesoría jurídica y apoyo psicológico. Se están evaluando las circunstancias del caso para determinar si existió consentimiento por parte de la adolescente, aunque se asume que, dada su edad, cualquier consentimiento estaría viciado. La prioridad es proteger los derechos de la menor y asegurar que reciba la atención integral que necesita para superar esta difícil situación. La investigación continúa en curso, y se espera que en breve se determine si el caso será judicializado y cuáles serán las medidas y sanciones que se impondrán a los responsables.
La situación en Oaxaca refleja un desafío nacional en materia de protección de los derechos de la infancia. A pesar de los avances legislativos, el matrimonio infantil y las uniones tempranas siguen siendo una realidad en muchas comunidades, especialmente en zonas rurales e indígenas. Factores culturales, económicos y sociales contribuyen a perpetuar esta práctica, que vulnera los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes. Es necesario un enfoque integral que combine la aplicación de la ley con estrategias de prevención, sensibilización y empoderamiento de las comunidades, para lograr un cambio cultural que garantice un futuro libre de violencia y discriminación para todas las niñas y adolescentes.
