En un contexto de protestas pacíficas por el Día Internacional de la Mujer, elementos de seguridad pública lanzaron gas lacrimógeno desde el techo del Palacio de Gobierno en Oaxaca, afectando a cientos de manifestantes que habían congregado en el zócalo y alameda de León. Las víctimas de este acto de represión fueron principalmente mujeres, incluyendo niñas, niños, adolescentes y bebés, quienes habían acudido para reclamar sus derechos y exigir justicia.
Según la organización IM-Defensoras, Oaxaca fue uno de los 11 estados donde se registraron actos de represión, ataques y detenciones arbitrarias contra manifestantes durante el movimiento del 8M. La organización feminista GESMujer condenó duramente esta acción gubernamental, calificándola como “indignante” y destacando que la respuesta del gobierno fue “brutal” ante una legítima exigencia de un cese a la violencia sistemática hacia las mujeres.
La GESMujer también señaló que, en lugar de priorizar la protección de edificios y monumentos mediante la colocación de vallas metálicas como provocación, el gobierno debería haber salvaguardado la vida, integridad y libertad de las manifestantes. El grupo feminista expresó su malestar ante el hecho de que los casos de desaparecidas y víctimas de feminicidio en Oaxaca sean minimizados por parte del gobierno, considerándolo un acto de violencia institucional.
En una posición común con otras organizaciones, la GESMujer exigía que el gobernador Salomón Jara Cruz asuma su responsabilidad frente a estos actos de violencia y convocara a la sociedad para sumarse a las exigencias de castigo contra quienes han abusado de su autoridad. Durante la jornada del 8M, la organización documentó numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales.
La represión en Oaxaca es solo uno de varios actos de violencia que se han registrado durante el movimiento feminista en México. Las autoridades deben asumir su responsabilidad frente a estos hechos y trabajar para garantizar la seguridad y protección de las manifestantes, así como su derecho a expresarse pacíficamente.
