Habitantes de diversas localidades en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, han manifestado su preocupación por la instalación de al menos 25 parques eólicos en la región. La principal queja reside en la presunta falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de la ejecución de estos proyectos. Los residentes alegan que no se les informó adecuadamente sobre los posibles impactos ambientales, sociales y económicos derivados de la presencia de los aerogeneradores.
Uno de los casos mencionados involucra el parque eólico Gunaa Sicarú, instalado en Unión Hidalgo entre 2011 y 2012. Vecinos denuncian que las turbinas se encuentran a escasos metros de sus viviendas, generando ruido constante que perturba su descanso. Además, aseguran que no se llevó a cabo una consulta pública exhaustiva para recabar la opinión de la población local. Se reportan alegatos sobre incentivos económicos ofrecidos a algunos miembros de la comunidad para apoyar los proyectos, lo que habría generado divisiones internas y tensiones.
Datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) muestran un crecimiento significativo en la capacidad instalada de energía eólica en México entre 2010 y 2018, seguido por un incremento más moderado en los años posteriores. Sin embargo, el informe “Energía Verde en América Latina” indica que el crecimiento se ha mantenido constante entre 2020 y 2023. La Secretaría de Energía (Sener) también ha reportado fluctuaciones en la generación de electricidad a partir de energía eólica en los últimos años. A pesar del aumento en el número de parques eólicos y la capacidad instalada, persiste la controversia sobre la transparencia en la información y la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha instado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a proporcionar información detallada sobre los parques eólicos en Oaxaca, tras una solicitud de acceso a la información que no fue atendida de manera satisfactoria. Esta situación refleja la preocupación por la falta de claridad en los datos relacionados con el sector eólico y la necesidad de mejorar la transparencia en la gestión de estos proyectos.
El marco regulatorio en México ha experimentado cambios recientes, con la introducción de nuevas leyes secundarias que buscan una transición energética “justa”. Estas reformas incluyen la exigencia de una Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético para cada proyecto, con el objetivo de evaluar y mitigar los posibles efectos negativos en las comunidades. Asimismo, se busca garantizar el respeto a los derechos humanos, ambientales y sociales, y mejorar la transparencia a través del Sistema Nacional de Información Energética. A pesar de estos avances normativos, persiste el desafío de asegurar su implementación efectiva y garantizar la participación genuina de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con los proyectos eólicos.
