La Defensora de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la prevalencia de la violencia política contra las mujeres en México, señalando que esta problemática representa una grave violación de sus derechos fundamentales y una forma de discriminación sistemática. Este tipo de violencia se manifiesta como un intento de silenciar, marginar y excluir a las mujeres de la esfera pública y de los procesos de toma de decisiones a nivel nacional.
La violencia política contra las mujeres adopta diversas formas, que van desde el acoso y la intimidación hasta la agresión física e incluso el asesinato. No se limita únicamente a las candidatas que aspiran a cargos públicos, sino que también afecta a mujeres que ya ocupan puestos de responsabilidad, así como a aquellas que expresan sus opiniones, participan en movimientos sociales o reclaman sus derechos. La Defensoría de los Derechos Humanos ha documentado casos que evidencian una preocupante permisividad social ante este tipo de violencia, lo que transmite un mensaje implícito de que las mujeres no tienen derecho a participar activamente en la vida política.
Un informe especial sobre la violencia contra las mujeres en el ejercicio público destaca la necesidad de implementar medidas integrales para prevenir y erradicar esta problemática. Entre las recomendaciones clave se incluyen el fortalecimiento de las leyes y políticas destinadas a proteger a las mujeres de todas las formas de violencia, incluyendo la violencia política; la promoción de la participación igualitaria de las mujeres en la política y en los procesos de toma de decisiones; la educación y sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; y el apoyo y la protección a las víctimas de violencia política.
En el contexto del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, la Defensora de los Derechos Humanos hizo un llamado a los candidatos, autoridades, instituciones públicas, la academia, los medios de comunicación y a la sociedad en general para adoptar una postura de Cero Tolerancia ante la violencia política en razón de género contra juezas y candidatas. Este llamamiento tiene como objetivo garantizar el respeto de los derechos humanos y la participación segura y libre de las mujeres, como un pilar fundamental de una justicia democrática e inclusiva que beneficie a todos los sectores de la sociedad.
Se enfatizó que garantizar el respeto a los derechos humanos y la participación plena de las mujeres en la vida pública es esencial para construir una sociedad más justa e inclusiva para todos.
