Trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, han expresado su preocupación por la gestión de la actual directora, Eulalia Alba Santiago Ortiz, quien asumió el cargo hace menos de dos meses. Las quejas internas señalan un presunto deterioro en el ambiente laboral y posibles repercusiones en la atención que se brinda a los derechohabientes.
Entre las problemáticas reportadas por el personal se encuentra un supuesto clima de acoso laboral, así como dificultades en la gestión administrativa. Se menciona que la directora podría mantener una política de aislamiento en su oficina, obstaculizando la firma de documentos necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad médica. Además, se han levantado acusaciones sobre un trato inadecuado hacia el personal, incluyendo señalamientos de actitudes déspotas y discriminatorias.
Las denuncias también apuntan a decisiones administrativas que habrían afectado la operatividad de la clínica. Se reporta el desplazamiento de personal sin aparente justificación, incluyendo la remoción del administrador de la UMF. Esta situación, según los denunciantes, estaría generando un impacto negativo en la disponibilidad de servicios médicos para los pacientes.
Según los reportes internos, la presunta falta de gestión administrativa ha derivado en el cierre temporal de consultorios dentro de la UMF, específicamente los consultorios 2, 3 y Cadimss. Esta situación habría afectado a un número considerable de pacientes, estimados en aproximadamente 72 personas diarias, quienes no pudieron recibir la atención programada. Como consecuencia, muchos derechohabientes fueron dirigidos al servicio de UNIFILA, donde experimentaron largas esperas y sobrecarga para el personal médico, dilatando los tiempos de atención.
Ante esta situación, trabajadores de la UMF 64 han solicitado la intervención de las autoridades competentes del IMSS. Exigen una investigación exhaustiva de las denuncias y solicitan la destitución de la actual directora, con el objetivo de evitar una posible crisis en la prestación de servicios médicos a los derechohabientes de la región. Los inconformes argumentan que la situación actual no solo vulnera sus derechos laborales, sino que también pone en riesgo la calidad de la atención médica que el IMSS debe garantizar a la población afiliada.
