La magistrada Érika María Rodríguez Rodríguez fue designada como la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO) y del Consejo de la Judicatura. El nombramiento se produjo tras la renuncia de Berenice Ramírez Jiménez, quien fue designada magistrada de Circuito del Poder Judicial de la Federación. La designación de Rodríguez Rodríguez tuvo lugar en una sesión interna del Pleno del TSJO, mientras que la renuncia de Ramírez Jiménez fue aprobada por el Congreso local en una sesión extraordinaria.
La sesión extraordinaria del Congreso, realizada de forma virtual, validó la salida de Ramírez Jiménez con una votación mayoritaria de 38 votos a favor. Ramírez Jiménez, quien había asumido el cargo hace ocho meses con un mandato de cuatro años, se integrará al Poder Judicial Federal. Durante la sesión, algunos legisladores reconocieron su gestión al frente del Poder Judicial estatal, aunque se registró un voto en contra, fundamentado en objeciones a la reforma judicial que posibilitó su designación inicial.
La elección de Érika Rodríguez se concretó en una votación interna dentro del TSJO, donde compitió con otros aspirantes, incluyendo a la magistrada Margarita Leonor Gopar Pérez y al magistrado Alejandro Magno. Rodríguez Rodríguez, doctora en Derecho Penal y egresada de la UABJO, cuenta con estudios especializados en derecho procesal penal y el sistema acusatorio, adquiridos en instituciones de diversos países. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la defensa de la equidad de género y la autonomía judicial.
Además de su formación académica y experiencia profesional, es importante señalar que Érika Rodríguez Rodríguez mantiene un vínculo familiar con el actual Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla. Esta relación podría suscitar interrogantes sobre la independencia entre los órganos de justicia y las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el estado. En sus primeras declaraciones tras ser nombrada presidenta del TSJO, Rodríguez Rodríguez manifestó su intención de dirigir un Poder Judicial cercano a la ciudadanía, con enfoque de género y comprometido con la protección de los derechos humanos.
