Un conflicto legal por la posesión de un terreno en el municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, involucra a la familia del diputado local Dante Montaño Montero, del Partido del Trabajo. La disputa se centra en la validez de una serie de transacciones relacionadas con la propiedad, un predio de 2,475 metros cuadrados ubicado en el paraje Barrio de San Antonio, Séptima Sección, actualmente conocido como calle Vicente Guerrero. La controversia ha escalado a instancias judiciales, poniendo en tela de juicio la legalidad de la posesión actual del inmueble.
Según consta en el expediente 84/2012 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en Oaxaca de Juárez, el propietario original inició un proceso legal para recuperar la posesión del terreno. El litigio se basa en la alegación de que la familia Montaño Montero obtuvo la posesión del predio mediante la simulación de una cesión de derechos parcelarios, un procedimiento que el denunciante considera irregular y carente de validez legal. La propiedad, que incluye una construcción de 1,764 metros cuadrados con acabados de lujo y una alberca, está valuada en aproximadamente 35 millones de pesos.
La sentencia inicial, emitida el 23 de octubre de 2017, declaró al demandante como el legítimo propietario del inmueble y ordenó la reivindicación del mismo. Sin embargo, la ejecución de esta sentencia se ha visto obstaculizada por la postura de los demandados, quienes argumentan que el terreno está sujeto al régimen de propiedad comunal y no al régimen de propiedad privada. Esta afirmación fue desestimada por la Juez Segundo de lo Civil, quien consideró que la documentación presentada no justifica la titularidad de derechos agrarios y, por lo tanto, no impide la ejecución de la orden judicial.
Ante el incumplimiento de la sentencia, la Juez María Aurora Rivera Soriano ordenó la ejecución forzada de la misma, autorizando el uso de la fuerza pública para restituir la posesión del predio al demandante. El expediente judicial detalla una serie de maniobras legales, incluyendo un contrato de compraventa declarado nulo y la mencionada cesión de derechos parcelarios, que el propietario original considera intentos de despojo. Los señalamientos apuntan a Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo, identificados como prestanombres, y a Heladio Jacobo Montaño Márquez y Josefina Montero Garnica, padres del diputado, como participantes en estas transacciones cuestionadas.
La resolución judicial que ordena la reivindicación del inmueble, con todos sus frutos y accesiones, representa un punto crucial en este conflicto. Mientras tanto, la disputa legal continúa su curso, generando atención pública debido a la implicación de un funcionario público y a la complejidad de las cuestiones legales en juego. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia en las transacciones inmobiliarias y la aplicación de la ley en casos de disputa de propiedad.
