La Vicefiscalía Regional en Huajuapan de León, Oaxaca, ha emitido una orden que restringe al director del medio digital Nuevo Siglo Noticias, Alejandro López López, de publicar información relacionada con R. M. J. L., funcionaria a cargo del Registro Civil en Asunción Nochixtlán. La medida fue tomada a raíz de una denuncia presentada por la funcionaria, quien acusa al periodista de violencia de género y discriminación.
La controversia surge tras la difusión, por parte de Nuevo Siglo Noticias y otros medios, de una denuncia ciudadana donde se alega que la funcionaria habría solicitado un pago de 3 mil 500 pesos para acelerar la actualización de la CURP, trámite que oficialmente es gratuito. La funcionaria presentó una denuncia formal, señalando específicamente al director de Nuevo Siglo Noticias como responsable de actos de violencia de género y discriminación, a pesar de que la información fue replicada por otras fuentes.
Un oficio emitido por la agente del Ministerio Público, Nelly de Jesús González Sanjuan, notifica al periodista sobre las medidas cautelares implementadas para proteger a la denunciante. Estas medidas incluyen la prohibición de acercarse a la funcionaria, contactarla por cualquier medio, incluyendo redes sociales, y publicar cualquier contenido que la involucre, directa o indirectamente. La Fiscalía argumenta que estas acciones buscan garantizar el derecho de la denunciante a una vida libre de violencia y proteger su integridad física, psíquica y emocional.
El incumplimiento de esta orden podría acarrear una multa equivalente a 10 días de salario mínimo vigente en la región. El caso ha generado debate en círculos periodísticos de Oaxaca, con algunos sectores expresando preocupación por posibles limitaciones a la libertad de expresión. Por su parte, las autoridades judiciales mantienen su postura, enfatizando su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.
La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la libertad de prensa y la protección contra la violencia de género, en un contexto donde una denuncia ciudadana desencadena acciones legales que restringen la capacidad de un medio de comunicación de informar sobre una funcionaria pública. El caso continúa generando discusión y análisis en la región.
