El gobierno del estado de Oaxaca y la asociación civil “Hijos de las Hadas” mantienen una disputa legal sobre la propiedad de un inmueble ubicado en la Avenida Símbolos Patrios. La controversia se centra en la validez de un contrato de comodato previo y el estado actual de la edificación. Según declaraciones del consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, el gobierno estatal considera que el inmueble le pertenece y no será devuelto a la asociación.
La base para la recuperación del inmueble, según el gobierno, radica en que los directivos de “Hijos de las Hadas” dieron por terminado el comodato en febrero de 2018, argumentando daños estructurales severos ocasionados por sismos. El consejero Vásquez Sagrero afirmó que la asociación, dedicada a la atención del autismo, comunicó formalmente su decisión de desalojar el espacio debido a estos daños. El gobierno estatal apoya su posición con dictámenes de la Coordinación de Protección Civil, que desaconsejan la utilización del edificio debido a riesgos de inundación y daño estructural.
Representantes del gobierno señalan que la asociación ahora busca recuperar el inmueble mediante acciones legales, a pesar de haberlo desocupado previamente. El consejero jurídico argumentó que el gobierno actuó dentro de sus derechos como propietario al rescindir el comodato unilateralmente, facultad que le confiere la legislación oaxaqueña en casos donde el bien presenta condiciones de riesgo. Además, desmintió versiones sobre un desalojo violento y refutó afirmaciones sobre la fecha original del comodato, estableciendo que este fue otorgado durante la administración de Alejandro Murat, y no en la de Gabino Cué.
El gobierno estatal también informó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Oaxaca cuenta con instalaciones adecuadas para la atención de niños con autismo. Esta información fue comunicada a la asociación civil. Se añadió que la persona que se presentó como representante legal de la asociación civil “Hijos de las Hadas” es un ex escolta de la anterior presidenta honoraria del DIF estatal y que dicha asociación recibía donaciones del DIF.
La controversia persiste, con la asociación buscando revertir la decisión del gobierno a través de la vía judicial, mientras el gobierno estatal insiste en la validez de su derecho de propiedad y en la existencia de riesgos asociados con el uso del inmueble.
