El Gobierno del estado de Oaxaca ha completado la reinstalación de 677 empleados públicos que previamente habían sido desvinculados de sus puestos tras la implementación del Decreto 24, según confirmó el secretario de Administración estatal. La medida se produce después de la instrucción del gobernador Salomón Jara Cruz de revertir los efectos del citado decreto y restituir a los trabajadores a sus funciones originales dentro de la estructura gubernamental.
La reinstalación se llevó a cabo siguiendo los lineamientos establecidos por el gobierno estatal, garantizando el pleno reconocimiento de la antigüedad y los derechos laborales adquiridos por cada uno de los empleados. Este aspecto fue enfatizado por el secretario de Administración, quien subrayó el compromiso del gobernador Jara Cruz con la justicia laboral y la estabilidad de los empleados públicos. La administración estatal busca, de esta forma, resolver las problemáticas laborales surgidas a raíz de la aplicación del decreto previamente mencionado.
Para hacer frente a las obligaciones financieras derivadas de estas reinstalaciones, el gobierno estatal ha destinado un presupuesto de al menos 500 millones de pesos. Estos fondos se utilizarán para cubrir los salarios y prestaciones correspondientes a los trabajadores reintegrados, asegurando así la viabilidad económica de la medida. El secretario de Administración aseguró que se han tomado las previsiones necesarias para absorber este incremento en la nómina sin afectar otros programas y servicios públicos.
La reinstalación de los 677 empleados representa un paso significativo en la política laboral del gobierno oaxaqueño, marcando una diferencia con la administración anterior y enfatizando la prioridad de la estabilidad laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores. El gobierno estatal ha manifestado su intención de mantener un diálogo constante con los empleados públicos reinstalados para atender sus necesidades y garantizar un ambiente de trabajo armonioso y productivo. Este proceso de reintegración busca subsanar las afectaciones provocadas por decisiones anteriores y fortalecer la confianza de los empleados en la administración pública. La medida se presenta como un esfuerzo por consolidar un modelo de gestión pública que priorice el bienestar de sus trabajadores y el cumplimiento de sus derechos.
