El gobierno estatal ha formalizado un convenio de colaboración con diversas instituciones federales para facilitar la ejecución del Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado a nivel nacional. El acuerdo busca proporcionar seguridad jurídica a los ocupantes de viviendas que carecen de ella, así como agilizar la regularización de trámites administrativos relacionados con créditos existentes. Entre las entidades participantes se encuentran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de su Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE).
El convenio establece el compromiso del gobierno estatal de ofrecer facilidades administrativas dentro de su jurisdicción, así como estímulos fiscales relacionados con el pago de derechos estatales necesarios para la implementación del programa. Estos incentivos, sujetos a un análisis de viabilidad, podrían extenderse al pago de derechos estatales derivados de la regularización de la tenencia de la tierra. Se priorizará la simplificación de los procesos de regularización para propiedades con gravámenes originados por créditos.
Adicionalmente, el gobierno estatal se compromete a colaborar con la federación en la definición de criterios para la aplicación de las facilidades administrativas y los beneficios fiscales destinados a la regularización de asentamientos humanos. Se buscará optimizar el proceso de liberación de hipotecas mediante la simplificación de trámites, la reducción de costos y la inscripción de la cancelación de hipotecas en el Instituto de la Función Registral del Estado, beneficiando tanto a derechohabientes como a no derechohabientes.
El objetivo central del Programa Vivienda para el Bienestar es construir un millón de viviendas y entregar un millón de escrituras, con el fin de garantizar el acceso a una vivienda digna y promover una distribución más equitativa de la riqueza. Las partes involucradas se comprometen a mantener una comunicación fluida, intercambiar información relevante y asesorarse mutuamente para asegurar el cumplimiento de los objetivos del convenio.
Se impulsarán modificaciones al marco jurídico para agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de tramitación necesarios para el correcto desarrollo del convenio. Asimismo, se buscará disminuir los tiempos de respuesta y el número de trámites en todas las gestiones realizadas por las partes, con el fin de optimizar la implementación del Programa Vivienda para el Bienestar.
