La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha iniciado una investigación formal sobre posibles transgresiones a los derechos humanos durante un operativo realizado en la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca. El operativo, denominado “Operación Pescador”, se llevó a cabo los días 16 y 17 de mayo y contó con la participación de diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Estatal, la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según reportes preliminares, el objetivo principal del operativo era combatir actividades delictivas como la venta de drogas a pequeña escala, los préstamos informales conocidos como “gota a gota” y el robo. No obstante, la DDHPO ha recibido denuncias que indican que una proporción significativa de las detenciones – superior al 90% – afectó a personas en situación de calle, personas con adicciones y jóvenes transeúntes, quienes presuntamente fueron aprehendidos basándose únicamente en su apariencia física. Familiares de los detenidos han expresado su preocupación por la falta de información sobre el paradero y las condiciones de sus seres queridos.
La investigación se centra en el destino de al menos 416 personas que fueron trasladadas a diferentes centros, algunos de los cuales, según la DDHPO, operan sin los permisos legales correspondientes. Estos centros están ubicados en municipios aledaños, cuyas autoridades locales han manifestado su desacuerdo con el traslado de personas a su jurisdicción sin la debida coordinación y justificación legal. La DDHPO ha solicitado información detallada a la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para obtener una comprensión completa de los hechos y dar seguimiento a cada caso individual.
El organismo defensor de derechos humanos ha reafirmado su compromiso de atender diligentemente todas las quejas recibidas y de proteger los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad. La investigación busca esclarecer las circunstancias de las detenciones, los criterios utilizados para la identificación de las personas arrestadas y la legalidad de los traslados a los centros mencionados.
La situación ha generado preocupación en la sociedad civil, particularmente en relación con la legalidad y la ética del operativo, así como por el uso de centros de rehabilitación que supuestamente no cumplen con los estándares regulatorios ni garantizan el respeto a los derechos humanos básicos. La DDHPO continuará recabando información y analizando las pruebas disponibles para determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos y, en caso afirmativo, para recomendar las medidas correctivas correspondientes.
