A pocos días del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha expresado su preocupación por la falta de cumplimiento en la asignación de recursos destinados al sector educativo en Oaxaca. La organización sindical argumenta que el Gobierno Federal no ha concretado la entrega de 800 millones de pesos prometidos para atender necesidades educativas en la región.
Según declaraciones de Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, el recurso anunciado durante protestas anteriores no estaba destinado directamente a la CNTE, sino a solucionar problemas estructurales del sistema educativo oaxaqueño, como la escasez de docentes y personal administrativo en diversos niveles escolares. Pérez Martínez aclaró que la gestión de los fondos recaería en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), enfatizando que la Sección 22 no recibe asignaciones presupuestales directas.
La dirigencia sindical denunció que varias escuelas permanecieron cerradas durante el ciclo escolar previo debido a la insuficiencia de personal, y hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre el proceso de asignación de los recursos. Además, se reclama el retraso en la entrega de equipo tecnológico, incluyendo computadoras y proyectores, solicitado desde la administración anterior. Se critica la existencia de procesos burocráticos que dificultan el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
En respuesta a esta situación, la CNTE se prepara para llevar a cabo una Asamblea Nacional con el objetivo de definir un plan de acción para el ciclo escolar 2025-2026. Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, indicó que la Coordinadora mantendrá una estrategia de movilización y presión, tanto en el ámbito público como en el político.
Una de las principales demandas de la CNTE continúa siendo la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cual modificó el sistema de pensiones. La organización argumenta que esta ley afecta negativamente los derechos de jubilación de los trabajadores de la educación, debido a que los montos se calculan en base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo. La CNTE reafirma su compromiso de continuar insistiendo en esta demanda.
