Comunidades de San Esteban Atatlahuca cumplen cinco años de desplazamiento forzado y piden diálogo oficial

A cinco años de los hechos violentos ocurridos entre el 20 y el 22 de octubre de 2021, pobladores de las comunidades de Guerrero Grande, Ndonoyuji y Mier y Terán, pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlahuca, en la Mixteca de Oaxaca, continúan fuera de sus hogares tras la quema de sus viviendas. Las familias afectadas demandan justicia, reparación integral y la instalación de una mesa interinstitucional integrada por autoridades estatales y federales que permita coordinar un retorno seguro a sus territorios.

El conflicto se originó a partir de la inconformidad comunitaria frente a la tala clandestina en una superficie de 2 mil 640 hectáreas de bosque. Los habitantes responsabilizan de estas actividades y de las agresiones posteriores al entonces presidente municipal, Rogelio Bautista Barrios, y al comisariado ejidal, Eulogio Alvarado, de quienes no se obtuvo postura en los testimonios recabados. En el marco de esta disputa se ubica la desaparición de la defensora comunitaria Irma Galindo Barrios, ocurrida en octubre de 2021, quien previamente había denunciado amenazas y sufrido el incendio de su vivienda en 2019.

La situación actual difiere entre las localidades afectadas. Mientras que familias de Ndonoyuji permanecen refugiadas en distintos puntos —incluidas instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco— a la espera de condiciones para un retorno formal, en Guerrero Grande los propios habitantes han desarrollado labores de reconstrucción. Por su parte, la comunidad de Mier y Terán mantiene exigencias centradas en el reconocimiento institucional de sus autoridades locales y la asignación efectiva de recursos públicos.

Los representantes comunitarios reclaman que se esclarezcan los homicidios, las desapariciones y los daños materiales sin demoras en los procesos judiciales, señalando como antecedente la liberación de dos personas detenidas en julio de 2022 al día siguiente de su captura. Asimismo, solicitan que se aplique la ley sobre desplazamiento forzado aprobada en Oaxaca en 2025, en un contexto donde registros oficiales contabilizan 27 comunidades de la entidad en situación de desplazamiento interno debido a conflictos territoriales.