A partir de este lunes, una nueva legislación sobre alimentos procesados entró en vigor, requiriendo que las cooperativas y tiendas escolares en todo el país ajusten sus inventarios y retiren productos considerados ultraprocesados. Esta medida afecta principalmente a artículos como refrescos, frituras, dulces y otros alimentos caracterizados por un alto contenido de azúcar, grasas o sodio. El objetivo principal de esta regulación es contribuir a la reducción de la obesidad infantil, modificando así los hábitos de consumo de los estudiantes al interior de los planteles educativos.
Si bien la ley restringe la venta de estos productos dentro de las escuelas, la comercialización en las áreas circundantes no está explícitamente cubierta. Esta situación ha generado inquietudes entre los comerciantes escolares, quienes señalan que la efectividad de la regulación podría verse comprometida si los productos restringidos continúan estando disponibles fuera de las instalaciones escolares. La preocupación se centra en la posibilidad de que los estudiantes simplemente adquieran estos productos fuera del horario escolar, limitando el impacto real de la normativa.
La supervisión del cumplimiento de esta regulación recaerá en las autoridades de los sectores educativo y de salud. En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones económicas que oscilan entre los 11,314 y los 113,140 pesos. Adicionalmente, se podría llegar a la suspensión temporal o definitiva de los servicios educativos. Los directivos escolares tendrán la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la normativa en sus establecimientos, evitando la venta de los alimentos prohibidos para prevenir sanciones.
La implementación de esta nueva ley representa un cambio significativo para empresas y pequeños negocios que dependen de la venta de productos ultraprocesados. Se anticipa que los comerciantes dedicados a la producción y distribución de estos alimentos experimentarán una disminución en sus ingresos. Por otro lado, las cooperativas escolares deberán adaptar sus ofertas, incorporando opciones más saludables como frutas, verduras y cereales integrales, lo que implica una reestructuración de sus menús y estrategias de venta.
La adaptación a esta regulación plantea desafíos tanto para los vendedores como para las comunidades escolares en general. Los estudiantes deberán ajustarse a una nueva variedad de alimentos disponibles en las escuelas, mientras que las autoridades enfrentan el reto de supervisar el cumplimiento de la ley de manera efectiva, especialmente considerando las áreas grises en la regulación fuera de los planteles educativos. La implementación exitosa requerirá un esfuerzo coordinado entre todos los actores involucrados.
