El gobierno mexicano ha implementado un nuevo protocolo que exige a todas las entidades federales, estatales y municipales, incluyendo organismos autónomos y particulares que manejen información relacionada con casos de violencia contra la mujer, reportar esta información al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencias contra las Mujeres (Banavim). Esta medida, que entró en vigor ayer, busca consolidar y proteger la información para facilitar el análisis, la elaboración de estadísticas y el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la igualdad de género y los derechos humanos. La iniciativa abarca cualquier tipo de información, independientemente de su formato o método de almacenamiento, siempre que esté relacionada con incidentes de violencia contra la mujer.
El Banavim funcionará a través de la información contenida en un “Expediente Único” que se generará al registrar cada caso de violencia. Este expediente deberá incluir detalles sobre el incidente, la víctima, el agresor, las derivaciones a otras instituciones de apoyo, las acciones de seguimiento y las intervenciones especializadas, tales como órdenes de protección, casos de trata de personas, desapariciones, privaciones de libertad, feminicidios y transfeminicidios. La información recabada permitirá analizar las características y patrones de la violencia, identificar áreas geográficas y sociales de riesgo, determinar las necesidades de las víctimas y contribuir a la creación de políticas públicas efectivas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La administración del Banavim está a cargo de una administradora nacional, quien supervisará la seguridad de los datos personales durante su transferencia y administración, implementando medidas administrativas, físicas y técnicas para protegerlos contra pérdida, alteración, destrucción o acceso no autorizado. También será responsable de gestionar y controlar el acceso a la información. A nivel estatal, se designará un enlace estatal como vínculo oficial entre la administradora nacional y cada entidad federativa, responsable de informar sobre el progreso del Banavim y reportar cualquier problema que afecte su operación o la calidad de la información. La administradora estatal, designada por el enlace estatal, coordinará el funcionamiento del Banavim en su entidad, asegurando la capacitación y conocimientos necesarios en normativa, operación del sistema, perspectiva de género, derechos humanos y ética profesional.
Según datos preliminares del Banavim, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la edad promedio de las mujeres que sufren violencia es de 33 años. El banco de datos busca ofrecer una radiografía detallada de las víctimas y los agresores para crear políticas públicas más efectivas a nivel federal, estatal y municipal.
Informes del Banavim indican que un alto porcentaje de las agresiones (93%) ocurren en el ámbito familiar, independientemente del nivel educativo de la víctima. Sin embargo, la incidencia aumenta significativamente en comunidades indígenas. La edad promedio de los agresores es de 36 años, con un nivel de escolaridad promedio de secundaria. Los principales tipos de violencia reportados son la psicológica (44%), la física (26%) y la económica (16%).
