Las autoridades estatales de Oaxaca han implementado un operativo de seguridad en la Central de Abastos, una zona identificada como de alta incidencia delictiva. La iniciativa, denominada “Operativo Pescador”, busca reducir los robos, el comercio ilegal y mejorar la seguridad en general de este importante centro comercial. El fiscal general del estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, destacó que el objetivo es reconstruir el tejido social de la zona, respetando los derechos humanos de los ciudadanos. La intervención se justifica por las pérdidas económicas que genera la delincuencia, estimadas en alrededor de 110 millones de pesos anuales, con un costo promedio por incidente (robo o cristalazo) de 6,853 pesos.
El gobernador Salomón Jara Cruz informó que el municipio de Oaxaca de Juárez concentra una parte significativa de la actividad delictiva en la región. Según datos del primer trimestre del año, casi la mitad (48.28%) de los delitos registrados en los 82 municipios que conforman la Coordinación Regional Número 8 ocurrieron en la capital oaxaqueña. A nivel estatal, Oaxaca de Juárez encabeza la lista de municipios con mayor incidencia delictiva, representando el 39.96% del total. Le siguen San Pedro Mixtepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León y Juchitán de Zaragoza. Ante esta situación, el gobierno estatal ha implementado programas como “Cayapadu Lii” para abordar las causas subyacentes de la delincuencia, ofreciendo servicios y atención a jóvenes y familias en zonas vulnerables.
La Central de Abastos es considerada un punto crítico debido a la alta frecuencia de robos y otros delitos. El fiscal Rodríguez Alamilla señaló que la zona se ha convertido en un espacio donde los robos y “cristalazos” son comunes. Además, se ha detectado que la Central funciona como un mercado negro para equipos electrónicos robados y un centro de distribución de drogas. A pesar de su problemática, la Central de Abastos es un importante centro económico, con más de 25,000 comercios entre establecimientos formales e informales, una afluencia diaria de entre 80,000 y 100,000 personas, y una derrama económica estimada en 35 millones de pesos diarios.
El operativo involucró a más de mil elementos de diversas corporaciones de seguridad, incluyendo la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Estatal, la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, la Policía Vial Municipal de Oaxaca de Juárez, el Centro de Comando, Control y Comunicación (C4), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Durante la operación, se realizaron detenciones por el delito de “halconeo” (vigilancia ilegal para alertar a delincuentes), se recuperaron vehículos robados, se identificaron menores y extranjeros, y se retiraron cámaras de vigilancia no autorizadas que monitoreaban espacios públicos.
Además, se brindó asistencia a personas con problemas de adicción, quienes fueron trasladadas a centros de rehabilitación. Las autoridades también intervinieron locales donde se vendían drogas, aseguraron espacios utilizados para la venta de artículos robados y realizaron revisiones en establecimientos de paquetería. Como resultado del operativo, las autoridades reportaron una disminución del 63% en la incidencia delictiva en la zona de la Central de Abastos. El fiscal Rodríguez Alamilla defendió la intervención, argumentando que la inacción también constituía una violación de los derechos humanos de las personas vulnerables presentes en la zona.
