Después de obtener un fallo favorable en un amparo federal, diversas organizaciones defensoras de los derechos de la población LGBT+ en Oaxaca han manifestado su preocupación por la falta de asignación de recursos específicos para esta comunidad en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026. Los colectivos señalan que, a pesar de la resolución judicial que ordena al gobierno estatal considerar una partida presupuestaria para atender las necesidades de esta población, no se han tomado las medidas necesarias para su cumplimiento.
En una declaración pública, representantes de las agrupaciones expresaron su inquietud ante lo que consideran intentos de dilación por parte de las autoridades estatales. Mencionaron la interposición de recursos legales y la falta de respuesta a sus solicitudes de diálogo. Subrayaron que el fallo judicial no establece un monto exacto, pero sí exige al Estado realizar un análisis exhaustivo de las necesidades de la comunidad LGBT+ en las diferentes regiones de Oaxaca, con el fin de destinar recursos proporcionales a las problemáticas identificadas.
Las organizaciones recordaron que la población LGBT+ en Oaxaca enfrenta diversos desafíos, como discriminación en el ámbito laboral, educativo y en el acceso a la justicia, así como violencia. Destacaron la urgencia de implementar políticas públicas que aborden estas problemáticas y garanticen el respeto a sus derechos fundamentales. También hicieron referencia a datos estadísticos que muestran la presencia significativa de la población LGBT+ en Oaxaca y la necesidad de una mayor representación en las instituciones gubernamentales.
Los colectivos instaron al gobierno de Oaxaca a seguir el ejemplo de otras entidades federativas que ya han incorporado partidas presupuestarias destinadas a políticas públicas con enfoque LGBT+. Solicitaron una reunión con el gobernador para abordar directamente esta situación y buscar soluciones conjuntas. Insistieron en que su demanda no se basa en la búsqueda de privilegios, sino en la garantía de derechos básicos que aún no se han materializado plenamente.
La exigencia de las organizaciones se centra en el cumplimiento de la sentencia judicial y en la necesidad de que el gobierno de Oaxaca priorice la atención a las necesidades de la población LGBT+ a través de la asignación de recursos presupuestarios adecuados y la implementación de políticas públicas inclusivas.
