En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una congresista presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar del Estado de Oaxaca. La propuesta busca garantizar que las juezas y jueces especializados aplicen un enfoque más equitativo y proporcional al imponer pensión alimenticia a mujeres.
Según la congresista Jimena Yamil Arroyo Juárez, las mujeres no asalariadas o que perciben una remuneración informal deben ser protegidas de la posibilidad de que su pensión alimenticia se base en salarios mínimos. Esto puede causar dificultades económicas a estas mujeres y poner en riesgo la pérdida de la patria potestad de sus hijos.
La propuesta busca reformar los artículos 125 y 158 del Código Familiar estatal, estableciendo que las juezas y jueces deben aplicar el principio de proporcionalidad y perspectiva de género al imponer pensión alimenticia a mujeres. Esto significa que las personas judicantes deben considerar la situación económica y social específica de cada mujer antes de emitir un fallo.
La congresista destacó que es indignante escuchar a las conciudadanas cómo han sido objeto de violencia de género y revictimizadas por parte de los servidores públicos y las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia. Ella argumenta que es importante que los jueces apliquen los tratados internacionales y las leyes especializadas protectoras de los derechos humanos de las mujeres de manera más efectiva.
Según un informe remitido por 36 juzgados en materia Familiar y Mixta del estado, se ha observado que un total de 22 jueces han impuesto pensión alimenticia a 85 mujeres, lo que puede causar dificultades económicas y poner en riesgo la pérdida de la patria potestad de sus hijos.
La congresista destacó que el Código Familiar de Oaxaca ha sido pionero al establecer la presunción de la necesidad de elementos a favor de las mujeres y otorgarle valor a los quehaceres del hogar como aportación económica. Ahora, se busca hacer las adecuaciones necesarias para proteger a estas mujeres y garantizar que las resoluciones judiciales se efectúen con prioridad al principio de proporcionalidad y perspectiva de género.
En este sentido, la reforma busca garantizar que las juezas y jueces especializados cumplan con el protocolo para juzgar con perspectiva de género y sin sesgo patriarcal al emitir su fallo en los casos de imponer a una mujer la pensión alimenticia para los gastos de hijas o hijos.
