La Sexagésima Sexta Legislatura Local de Oaxaca ha aprobado con 30 votos a favor y dos en contra el Proyecto de Decreto que busca reformar, agregar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Esta reforma tiene como objetivo adecuar la Carta Magna local para realizar la renovación de los cargos de elección del poder judicial local.
La propuesta busca reducir el número de magistraturas de 28 a 16 y establecer un plazo de renovación de 9 años para las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Oaxaca. En cambio, los jueces de primera instancia y en materia laboral tendrán un plazo de renovación de 9 años, con la posibilidad de ser reelectos en una sola ocasión.
Además, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, compuesto por tres magistradas o magistrados que durarán seis años en su encargo. El Tribunal de Administración Judicial estará integrado por tres personas que también durarán seis años, con representantes designados por el Gobernador, el Congreso del Estado y el Poder Judicial.
La reforma busca mejorar la transparencia en los procesos de selección y evaluación de los integrantes del Poder Judicial. Las elecciones para las magistraturas del TSJ y el Tribunal de Disciplina serán estatales, mientras que las elecciones para juezes y jueces de primera instancia se realizarán por distrito judicial.
En cuanto a la remuneración, las magistradas y magistrados no podrán recibir una compensación superior al establecido para la Gobernadora o Gobernador del Estado. El cargo de magistratura no generará derecho a jubilación, pero se respetarán los derechos laborales de los trabajadores.
Este proyecto de reforma ha sido objeto de debate en el Parlamento, con algunas legisladoras expresando su apoyo y otras presentando reservas o mociones suspivas. Sin embargo, la diputada Tania Caballero Navarro destacó la importancia histórica de esta reforma, que busca fortalecer los principios de justicia y equidad en el sistema judicial.
La legisladora Concepción Rueda Gómez resaltó que este proyecto es parte de los cambios impulsados desde el ámbito nacional para tener un sistema judicial democrático, austero y eficaz. El Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo (PT) presentó una reserva sobre la desaparición de la Sala de Justicia Indígena.
