Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una proporción significativa de hogares en Oaxaca enfrenta desafíos relacionados con la vivienda. El 77.8% de las viviendas en el estado presentan algún tipo de rezago habitacional, situando a Oaxaca como la segunda entidad federativa con mayor incidencia en este indicador, precedida únicamente por Chiapas. Estas carencias se manifiestan principalmente en condiciones de hacinamiento y el uso de materiales de construcción de baja calidad, lo que impacta negativamente en el bienestar y la calidad de vida de los residentes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el derecho a la vivienda como el acceso a un espacio seguro, con servicios básicos y un entorno saludable, que permita a las personas vivir con dignidad. Sin embargo, en México, el cumplimiento de este derecho presenta disparidades regionales. Los estados del sur-sureste del país, incluyendo Chiapas (78.2%), Oaxaca (77.8%), Guerrero (72%), Veracruz (63.9%) y Campeche (61.2%), exhiben los niveles más altos de rezago habitacional. Esta situación revela la existencia de brechas significativas en el acceso a condiciones de vivienda adecuadas en diferentes regiones del país.
Además del rezago general, la carencia de servicios básicos en la vivienda afecta a 23.7 millones de personas a nivel nacional, según el Coneval. Dentro de este grupo, un 7.6% carece de acceso a agua potable, un 6.8% no cuenta con drenaje, un 0.4% no tiene electricidad y un 11.7% utiliza leña o carbón para cocinar sin chimenea, lo que implica riesgos para la salud. Las comunidades indígenas se ven particularmente afectadas, con un 79.1% de las viviendas habitadas por personas hablantes de lenguas originarias presentando rezagos habitacionales y más del 56% careciendo de servicios básicos. Esta cifra contrasta con el 15.5% de la población no indígena que enfrenta esta problemática.
Las disparidades se extienden a la calidad y el espacio de la vivienda, afectando al 30.2% de la población indígena, una proporción tres veces mayor que la observada en la población no indígena. La seguridad en la tenencia de la vivienda también revela una brecha, con un 83.7% de la población no indígena con certeza legal sobre su propiedad, frente a un 76.4% en la población indígena. Esta diferencia expone a las comunidades indígenas a un mayor riesgo de desalojo y limita su acceso a programas de vivienda. Los datos reflejan la persistencia de desigualdades en el acceso a una vivienda digna y segura para diversos grupos de la población en México.
