Un tribunal en Oaxaca ha dictado una sentencia de 300 años de prisión, distribuidos en 100 años para cada una, a tres mujeres identificadas como Leticia G.M., Nelly Antonia G.D., y Piedad C.M., tras ser encontradas culpables del delito de secuestro agravado en perjuicio de dos menores de edad. El incidente, que data de agosto de 2018, tuvo lugar en el municipio de Jalapa de Díaz, situado en la región de la Cuenca del Papaloapan.
La investigación del caso reveló que el 31 de agosto de 2018, un grupo de individuos armados y con el rostro cubierto irrumpió en una residencia ubicada en Jalapa de Díaz. Además de sustraer diversos objetos de valor, los perpetradores privaron de la libertad a dos menores, trasladándolos posteriormente a un inmueble utilizado como casa de seguridad en otra localidad no especificada en el momento de los hechos. Durante el periodo de cautiverio, los secuestradores establecieron comunicación con los familiares de los menores exigiendo una suma de dinero a cambio de su liberación.
El 13 de septiembre del mismo año, las autoridades estatales llevaron a cabo un operativo en la localidad de Teocuatlán, perteneciente al municipio de San José Tenango. Esta acción culminó con el rescate de los dos menores y la detención de las tres mujeres ahora sentenciadas, quienes se encontraban presentes en el lugar donde las víctimas permanecían retenidas. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento las pruebas consideradas suficientes para demostrar la culpabilidad de las acusadas.
El Tribunal determinó que la evidencia presentada por la fiscalía era concluyente, lo que resultó en la emisión de una sentencia condenatoria para las tres mujeres implicadas en el secuestro. Adicionalmente a la pena de prisión, se les impuso una sanción económica consistente en una multa y la obligación de reparar el daño causado a las víctimas, cuya cuantificación se determinará en una etapa posterior del proceso legal.
Este caso subraya la seriedad con la que se persigue el delito de secuestro y la importancia de la cooperación entre las distintas instancias gubernamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes en el estado de Oaxaca. La sentencia busca enviar un mensaje disuasorio contra este tipo de crímenes y reafirma el compromiso de las autoridades con la protección de los derechos de los menores.