El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución que permite a funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y estatal promover la elección de los integrantes del Poder Judicial, programada para el 1 de junio. La decisión judicial revoca restricciones previas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) que limitaban la participación de funcionarios en la difusión del proceso electoral.
Según el senador Antonino Morales Toledo, la resolución del TEPJF fortalece la democracia al permitir una mayor información y participación ciudadana en la elección judicial. El senador afirmó que la promoción se centrará en informar sobre la elección en sí, no en apoyar a candidatos específicos, manteniendo un enfoque de respeto y apego a la legalidad. Morales Toledo también criticó la postura inicial del INE, calificándola como un intento de limitar el derecho de la ciudadanía a informarse sobre el proceso y elegir a sus jueces y magistrados.
La resolución del TEPJF se basa en la interpretación de que informar y promover el voto no equivale a realizar actos de campaña. Diversos funcionarios, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadores como Salomón Jara, podrán participar en la difusión de la elección judicial sin infringir la ley electoral. El senador Morales Toledo se comprometió a difundir información sobre la elección en las comunidades indígenas, utilizando su lengua materna, para asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar informados en el proceso. El objetivo es que la población comprenda la importancia de su participación en la selección de los miembros del Poder Judicial.
El senador enfatizó el compromiso de los funcionarios de actuar con equidad y neutralidad, respetando los lineamientos constitucionales. La difusión se realizará en los municipios que visiten, asegurando que la información llegue a todos los sectores de la sociedad. Se espera que la participación activa de los funcionarios contribuya a una mayor transparencia y legitimidad en la elección de los integrantes del Poder Judicial. El proceso busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y promover un Poder Judicial al servicio de la sociedad.
