La SCJN debe resolver los amparos del caso Vera Carrizal con estricto apego a derecho, sin ceder a presiones ni desvíos de la defensa.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer los cinco amparos en revisión vinculados al proceso penal por la agresión con ácido contra María Elena Ríos Ortiz representa, desde nuestra perspectiva, un paso crucial para brindar certidumbre a un litigio marcado por la controversia. Con un contundente respaldo de siete votos contra uno, el máximo tribunal asumió la tarea técnica de evaluar la legalidad del fallo que revocó la absolución concedida a Juan Antonio Vera Carrizal en agosto de 2024 y que ordenó reponer el juicio oral. Conviene subrayar que esta intervención no prejuzga la culpabilidad o inocencia del exdiputado, sino que busca examinar que el procedimiento se haya apegado a derecho.
Ante este escenario, la reacción de la defensa y la familia del imputado deja entrever una postura que busca condicionar la narrativa pública. Durante una conferencia de prensa, el abogado Edgar López García y su equipo demandaron imparcialidad y la ausencia de presiones políticas en el análisis de los ministros. Sin embargo, consideramos cuestionable que dicha exigencia venga acompañada de objeciones sobre las líneas de investigación no agotadas en la etapa inicial y de inconformidades con los montos establecidos para la reparación del daño, planteamientos que parecen dirigidos a restar validez al proceso que reactivó la causa penal.
Resulta igualmente problemático que la defensa recurra a señalar presuntas irregularidades ajenas atribuidas a la víctima, o que invoque la delicada condición médica de Vera Carrizal como argumento para urgir un fallo favorable. A nuestro juicio, la justicia constitucional no debe dejarse influir por la condición de salud de un imputado ni por señalamientos hacia la contraparte. La SCJN enfrenta la responsabilidad de actuar con absoluta rectitud técnica y estricto apego al debido proceso, asegurando que la revisión de la reposición del juicio se sustente únicamente en la ley y no en tácticas de dilación o presión mediática.




