Un juez vinculó a proceso a un hombre por extorsión y asociación delictuosa tras exigir pagos en una obra en Santa Catarina Loxicha.
Un juez de control determinó vincular a proceso a un hombre identificado como J.A.A.M. por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y asociación delictuosa en el municipio de Santa Catarina Loxicha. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la autoridad judicial ordenó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para el imputado y concedió un periodo de tres meses destinado al cierre de la investigación complementaria.
Los antecedentes integrados en la carpeta de investigación señalan que, en octubre de 2026, trabajadores de una empresa constructora realizaban labores en dicha localidad cuando fueron amedrentados por un grupo de individuos que se identificaban como miembros de la Asociación de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). Durante los primeros acercamientos registrados el 13 de octubre, los sujetos exigieron a un empleado la entrega de 15 mil pesos semanales a cambio de no interferir en sus actividades y brindarle supuesta protección; ante la negativa a pagar, el afectado fue golpeado y amenazado con armas de fuego, otorgándosele un plazo de 24 horas para reunir la cantidad requerida.
Al día siguiente, dos de las personas vinculadas con estos hechos acudieron de nuevo al área de trabajo para insistir en la demanda económica y emitir nuevas amenazas directas contra el trabajador y sus familiares. Posteriormente, J.A.A.M. se presentó en el lugar con la intención de cobrar el dinero exigido y amedrentar a la víctima, momento en el cual fue interceptado y asegurado por elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina Loxicha, quienes además confiscaron un arma de fuego y diversos cartuchos útiles.
Tras la detención y la posterior resolución judicial, la FGEO dio a conocer que continuará con las diligencias e indagatorias ministeriales conducentes para esclarecer integralmente los hechos y garantizar que las partes afectadas reciban acceso formal a la justicia.




